No hay productos en el carro.
Volver a la TiendaToma velocidad la oferta de energías renovables
Las inversiones ya rondan los US$5.000 millones. Y podría duplicarse en pocos años.
Molinos de viento. El parque eólico de Genneia en Rawson se ampliará de 77 a 100 MW.
Después de tres licitaciones para aumentar la generación de energía renovable, el Gobierno reuniría propuestas de inversiones que oficiosamente se estiman cercanas a los 5.000 millones de dólares, cifra que promete duplicarse en los próximos siete años si las fuentes verdes ganan en la matriz energética el espacio que prevé la ley. El interés privado está animado por contratos a largo plazo en dólares, ajustables, con firmes garantías y beneficios fiscales.
La proporción de electricidad de fuentes renovables como viento, sol, biomasa, o pequeñas usinas hidroeléctricas hoy cubre menos del 2% de la matriz energética nacional, pero esa proporción trepará al 20% para el 2025 según manda la ley vigente.
Los grandes usuarios (25% del universo) están obligados a honrar esa pauta comprando al mercado administrado por Cammesa, directamente a un generador (Un ejemplo: Genneia firmó el primer contrato de este tipo con Loma Negra para venderle energía eólica) o produciéndola ellos mismos. Estas posibilidades y aquellas reglas ampliaron las fronteras de un negocio cuyas bases están contenidas en la ley 27.192 de septiembre del 2015, norma puente entre el kircherismo y la actual gestión.
Fue promovida por el fallecido senador del Frente para la Victoria Marcelo Guinle, cuyo asesor era el actual subsecretario de Energías Renovables, Sebastián Kind. Juan José Aranguren abrazó la causa verde con pasión juvenil y la convicción de que la promoción de fuentes no contaminantes ayuda a cumplir con acuerdos internacionales contra el cambio climático.
El mercado bulle y los precios de los tres concursos organizados bajo la gestión macrista fueron bajando progresivamente de un promedio de 61,4 dólares el megawatt adjudicado en el Renovar I a 47 dólares en el Renovar II, cuyas ofertas económicas se conocieron el jueves.
Los valores aún están lejos de los 21 dólares promedio que acaba de conseguir México. Más aún si se computase el costo fiscal de los subsidios a la actividad y hasta la necesidad de compensar la intermitencia del sol y el viento invirtiendo en usinas térmicas, al menos hasta que se desarrolle tecnología para almacenar los megas verde. Pero retroceden en cada llamado.
“La lógica de los precios va al revés de la exigencia de retorno de los inversores”, admite Doris Capurro, presidente de Luft Energía, representante del fondo norteamericano Castelake. La firma ofertó la mayor cantidad de potencia solar en el último llamado, pero quedaría fuera de juego, desplazada por oferentes más agresivos.
Aun los desairados tienen posibilidades de seguir en carrera cerrando acuerdos directamente con privados; otros, se posicionan en los concursos públicos con buenos precios para vender de inmediato su proyecto a otros. Inversores foráneos y otros no convencionales, Aluar o la agropecuaria MSU, pidieron pista. YPF o PAE también vencieron su resistencia inicial para apostar en el negocio de moda, y no por el amor al planeta, precisamente.
Los pliegos de los concursos se diseñaron también bajo las pautas del decreto de necesidad y urgencia 882 del 2016 que, entre otras ventajas, habilitó un cupo de 1.700 millones de dólares para desgravaciones impositivas varias.
A fin de facilitar el financiamiento, el Tesoro emitió letras de garantía y nutrió el Foder (Fondo para el Desarrollo de Renovables) con 6000 millones de pesos. Adicionalmente, habilitó avales del Banco Mundial para quien quisiera contratarlos.
La energía la compra la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA que, si bien es una sociedad de derecho privado que aglutina a todos los actores del mercado eléctrico, está gerenciada por el Estado, que hoy cubre con subsidios el costo real del servicio.
Los contratos son a veinte años, en moneda dura y con un ajuste anual previsto del 1,7%, que da un horizonte cierto de ingresos a los oferentes. Tienen, además, la cláusula de take or pay: si por cuestiones del sistema (no hubiese transporte disponible, por caso) no se despacha energía, el Estado le pagará igual al generador renovable.
Más aún: la caja pública le comprará los activos en caso de que no pueda pagarle la energía despachada o si el propio inversor no honra el contrato: la reestatización oficia de reaseguro.
La carrera recién empieza, en principio, porque hay otras licitaciones pendientes. A los poco más de 3600 megas de potencia que se terminarán de adjudicar este mes, se le sumarán al menos otros 6000 megas hasta el 2025, según el plan oficial. Esto amplía el horizonte de inversiones posibles por encima de los 10.000 millones de dólares y habilita negocios conexos. Genneia, actor de fuste, tiene la mira puesta en el almacenamiento.
Deja un comentario